Las redes sociales ilustran la destrucción creativa de Schumpeter, destronando a la prensa, la televisión, el espacio público e incluso el teléfono. En ocasiones, la actividad real y concreta parece ser secundaria: Twitter acapara los grandes debates, y a los mítines y manifestaciones se va con pancartas para que aparezcan en vídeos de Facebook y YouTube. Sin embargo, el panorama legal no refleja esto; la ley finge no haberse percatado de la existencia de un espacio público virtual. En EEUU existe la sección 230, que protege doblemente a las plataformas digitales: en primer lugar, las exime de toda responsabilidad sobre los contenidos publicados en ellas por terceros; en segundo lugar, reconoce su carácter esencialmente privado, permitiéndoles a las redes sociales elaborar criterios de moderación a su antojo y, por consiguiente, eliminar cualesquiera contenidos, aun sean estos eminentemente lícitos.

• Dicho de otra forma, las redes sociales no son como los periódicos o las televisoras, que sí deben responder por lo que publiquen. Si un periódico publica alguna calumnia, podría enfrentarse a una demanda por ultraje y difamación. Si la misma calumnia aparece en Twitter, la red social no es responsable.

• En cuanto al poder casi ilimitado de moderar contenidos, el caso más notorio es sin duda el del expresidente Donald Trump, cuya cuenta de Twitter fue suspendida por supuesta glorificación de la violencia. He aquí una plataforma digital con nociones ideológicas tan profundas que se atreve a silenciar al presidente estadounidense. He aquí una ley que se lo permite, a pesar de no haber cargos penales de por medio.

En el retrovisor. La variante del derecho anglosajón que rige en EEUU rinde grandes honores al denominado precedente legal. Otra particularidad de aquel país es que la libertad de expresión es, a diferencia de lo que se ve en Hispanoamérica y Europa, casi absoluto. Esto quedó confirmado con el caso Brandenburg contra Ohio, que dio lugar a la llamada prueba Brandenburg. Bajo este prueba, sólo son ilícitas las expresiones que causen una «acción ilegal inminente». Por lo demás, es lícita incluso la incitación a la violencia que no conduzca a un acto ilegal inmediato.

Es noticia. Las tecnológicas temen un annus horribilis. El presidente Biden prevé eliminar lagunas y subirles la tasa impositiva, y aún se oyen los gritos de Trump, quien otrora se enfrentara a ellas cual Quijote contra gigantes. Enfrentan, además, una embestida contra la sección 230. A inicios de abril, Clarence Thomas, magistrado de la Corte Suprema, criticó la sección 230. Aunque no la catalogó de inconstitucional, sí opinó que las redes sociales son «lo suficientemente parecidas» a las empresas de servicios públicos, es decir, que sobre ellas deberían recaer los mismos deberes. Los demócratas hablan de reformas a la ley, en este caso para que las redes sociales carguen con la responsabilidad por cualquier contenido en ellas publicado; el objetivo final sería sanear las redes de todo discurso de odio posiblemente ofensivo. Los republicanos, mientras tanto, prefieren insistir en la absoluta libertad de expresión, arguyendo parcialización en su contra.

Cambio de paradigma. Los republicanos son cada vez menos el partido de los grandes negocios —de la Corporate America—, principalmente porque hay una disyuntiva ideológica: el gran capital estadounidense cree en la política social de los demócratas; a lo sumo, le disgusta el alza en los impuestos, mas no lo suficiente como para decantarse por el bando opuesto, que sí redujo impuestos, auspiciando una caída del impuesto de sociedades. La denominada Big Tech se ha decantado por los demócratas con particular fervor. Surge, de este modo, una circunstancia extraña para quien recuerde la política estadounidense de las últimas décadas. Los republicanos, antiguamente paladines del gran capital, hoy proponen leyes antimonopolistas, prohibiendo a las «firmas digitales dominantes», un concepto legal novedoso, las adquisiciones de más de un millón de dólares. Esto recuerda a Teddy Roosevelt, el presidente que buscó, mediante la acción antitrust, acabar con la descomunal influencia de los capitanes de industria de la Gilded Age, como lo fueron Rockefeller y Carnegie. Los demócratas, en tanto, surgen como los aliados a medias de la Big Tech, pues, no obstante sus críticas, han defendido el carácter privado de las redes sociales.

• «Lo he dicho repetidamente, pero fue terriblemente miope por parte de los liberales [en el sentido estadounidense del término] celebrar sin cuestionar el inexplicable deplatforming de Trump (sin mencionar a todos los demás involucrados) como un ejercicio de derecho privado, cediendo así el punto de que la regulación podría ser realmente provechosa», tuitió Evelyn Douek, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

Dominio yanqui. Las trifulcas sobre la sección 230 pueden parecer inmateriales e irrelevantes desde una óptica hispanoamericana. ¿Qué importa, después de todo, una ley estadounidense para compañías estadounidenses en EE. UU? La importancia yace en el dominio estadounidense de la industria. Taiwán, Corea del Sur y Japón producen muchos microchips y hardware, pero los software más usados y las marcas más prestigiosas son estadounidenses. De igual modo, las redes sociales más populares en Hispanoamérica —WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter— son todas californianas. Es en oficinas de San Francisco y Palo Alto donde se dictan los decretos supremos que regularán el comportamiento de los 2,8 mil millones de usuarios de Facebook y de los 2,3 mil millones de usuarios de YouTube.

• No por nada dimitió en febrero la directora de Twitter para Portugal y España, la franco-alemana Nathalie Picquot. En aquel momento se comentaba, como recoge el ABC, que Picquot se marchaba por estar «en desacuerdo con la política de contenidos de Twitter en España, dictada y dirigida desde Estados Unidos y con los agravantes de los últimos acontecimientos que han colmado su paciencia y le han llevado a resignarse y dejar el cargo».

• Las grandes tecnológicas estadounidenses también tienden a captar lo mejor del extranjero. Skype, por ejemplo, alguna vez fue una compañía escandinava; hoy por hoy, es una filial de Microsoft con sede social en Luxemburgo. EEUU simplemente posee un poder económico difícilmente equiparable. Prueba de ello es la oferta pública de venta de Grab, el Uber del sudeste asíatico que, a pesar de tener 82,8 millones de dólares en pérdidas, ha sido tasada en 40 mil millones de dólares por los mercados estadounidenses.

Clave regional. Para Hispanoamérica, las redes sociales representan un capital extranjero implacablemente presente que, sin embargo, no se puede regular, pues se ampara en las leyes de EEUU. Un país como México, con 80,6 millones de usuarios de internet y unos 10 millones de usuarios de Twitter, no es verdaderamente soberano en materia virtual; tampoco lo es la Argentina, aunque cuente con la sede de MercadoLibre. Las redes sociales no son internacionales, son estadounidenses, concretamente californianas.

Autonomía estratégica. El ecosistema tecnológico chino resulta ser muy diferente y marcadamente proteccionista. Existe, por un lado, el Gran Cortafuegos. Por el otro, a diferencia de lo que ocurre en Hispanoamérica, hay una infinidad de compañías chinas que cumplen diversos propósitos. Están Sina Weibo, algo así como Twitter, y WeChat, algo así como Facebook. China, además, tiene a Alipay, mucho más grande que PayPal, y se fragua una revolución de pagos móviles entre la ciudadanía. Ocurre en Rusia algo parecido, pero más moderado: los nacionales Yandex y VKontakte le sacan ventaja a los extranjeros Google y Facebook.

• Curiosamente es sólo en países como estos donde las tecnológicas estadounidenses se ven obligadas a adoptar políticas sui géneris. Con tal de abrirse camino en el espacio ruso y exsoviético, Facebook no ha tenido el menor reparo en compartir datos con Yandex. Además, Peter Thiel —magnate vagamente derechista— ha acusado a Google (y a Apple) de excesiva proximidad a Pekín. Llegamos al eterno retorno: en esta época, casi todo se reduce a la rivalidad China-EEUU.

Todo indica que la fumigación aérea de los cultivos de coca regresará al campo colombiano durante 2021. Tras casi 3 años de mandato, el presidente Iván Duque (Centro Democrático, derecha) ha expedido un decreto fijando los lineamientos para retomar la aspersión aérea de glifosato, un herbicida.

• El Decreto del 12 de abril responde al crecimiento de cultivos de coca, al menos desde los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la lógica del gobierno y los valedores de la fumigación, el auge de la coca estaría detrás de la ola de violencia–masacres, desplazamientos internos y asesinatos de líderes comunitarios–que asola nuevamente el medio rural del país. Más coca equivaldría a más recursos para el narcotráfico en Colombia, principal fuente de financiación de la violencia.

• De este modo, Duque rescata una de sus promesas electorales, con la que se comprometía a revertir la decisión del gobierno anterior de suspender la aspersión aérea con glifosato en el 2015. A su juicio, el cese habría separado a Colombia de los avances en la lucha contra la violencia y el narcotráfico, desde la firma del Plan Colombia en 1999.

• La aspersión desde avionetas sería una entre «todas las herramientas posibles»; una palanca no-exhaustiva dentro de una estrategia más agresiva frente al narco.

El otro eje colombiano. El furibundo debate que ha suscitado la fumigación se ajusta a la distinción fundamental de la vida política colombiana, entre aquellos que apoyaron el Proceso de Paz y los que lo rechazaron. O sea, entre la «bancada de la paz» y el oficialismo del Centro Democrático acompañados por un sector del Partido Conservador. Más aún, la naturaleza de la opción fumigadora no deja lugar a puntos medios: o se reabren los aspersores, o no. En el horizonte, las elecciones presidenciales colombianas en mayo de 2022.

• El mayor opositor al gobierno Duque y jefe del partido Colombia Humana (izquierda), el senador Gustavo Petro se opone directamente al uso del herbicida «La aspersión aérea con glifosato es mortal, es solo una imposición del gobierno de EEUU, capturado en sus agencias por intereses comerciales».

• Sergio Fajardo, el candidato que representa al sector de centroizquierda y el segundo con mayor intención de voto, afirmó que «la fumigación con glifosato es un grave error por dónde se le mire: no soluciona el problema de las drogas, pone en riesgo la salud de las personas y genera múltiples afectaciones ambientales. Por ahí no es».

• Alejandro Gaviria, perfilado como posible candidato a la presidencia y exministro de salud que emitió un concepto en 2015 para que se terminará el método de aspersión aérea con glifosato reiteró su postura «La evidencia en su conjunto, muestra que el principio activo glifosato tiene un efecto adverso sobre la salud». Gaviria es rector de la influyente Universidad de los Andes, desde donde ha propiciado espacios a favor de las voces de oposición al glifosato.

En el retrovisor. Al finalizar el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), en Colombia existían un poco más de 50.000 hectáreas de coca, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

• Según la misma fuente, entre el 2014 y el 2018 (segundo mandato de Santos) existió una clara tendencia al incremento de los cultivos de coca. En el 2018 existían en Colombia 169.000 hectáreas de coca. La cifra descendió hasta las 154.000 hectáreas en 2019.

• Cesadas las fumigaciones aéreas, la erradicación continuó manualmente, con partidas de hombres dispuestos a acabar con la coca aspersor en mano. «Una vez despejado un campo, los cocaleros vuelven y plantan de nuevo, o en otro lugar...la erradicación manual es peligrosa: los traficantes no aceptan el destrozo de sus arbustos tibiamente. Desde que Duque llegara al poder a mediados de 2018, grupos armados han asesinado a 29 miembros de los equipos de erradicación», cuenta el FT, describiendo lo que parece ser un inmenso juego del gato y del ratón.

Negociando la paz. Santos cesó las fumigaciones aéreas apoyándose en la determinación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) de que el glifosato «es probablemente cancerígeno para los seres humanos». (Santos podría haberse atenido a la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU, por ejemplo, la cual contradice a la IARC).

• Sin perjuicio de la determinación de la IARC, el cambio de rumbo del gobierno de Santos se entiende mejor como concesión instrumental en el marco de las negociaciones de paz de La Habana con las FARC. Durante sus segundos mandatos, Santos y el expresidente de EEUU Barack Obama cambiaron la opción militar a la negociadora, en aras de una «paz perdurable».

• Hasta entonces, la fumigación convivió con la estrategia militar contra el narco, la cual contó con el apoyo político-militar de EEUU (coordinado a través del Plan Colombia, legado a Uribe por el expresidente Andrés Pastrana). La alianza bilateral se centró en combatir a los grupos al margen de la ley para retomar el control territorial, fortalecer la institucionalidad, recuperar la seguridad, consolidar el desarrollo e incentivar la inversión.

Vacíos que se llenan. La negociación de la reinserción a la vida civil y política de los miembros de las FARC supuso un balón de oxígeno para el cultivo de coca y el narcotráfico en el campo colombiano; donde el estado, el sector privado y las infraestructuras tienen dificultades para llegar.

• Las luchas de poder entre las disidencias de las FARC (sector que no se acogió a los acuerdos), y demás grupos armados ilegales, han disparado  la violencia de forma preocupante. Un claro ejemplo son los asesinatos selectivos de líderes sociales los cuales en los municipios donde se implementó el Plan Nacional Integral de Sustitución PNIS (establecido en el Acuerdo de Paz) aumentaron en un 546%. (El PNIS es un programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito para contribuir a la superación de la pobreza de las familias que dependen de los narcocultivos, de acuerdo con el punto 4 del Acuerdo de Paz).

• Según la cifra que proyecta el Ministerio de Defensa del total de masacres reportadas, el 78% habría tenido lugar en municipios en los que la policía plantea retomar las aspersiones aéreas con glifosato.

• Dos exjefes históricos de las FARC, actualmente prófugos de la justicia y refugiados en Venezuela, quienes figuraban como congresistas (Partido FARC, comunista), reincidieron en el tráfico de estupefacientes.

Resistencias. Dentro del Congreso, los principales defensores del Proceso de Paz han liderado una campaña en la que sostienen que el glifosato es cancerígeno, recuperando el informe en el que se apoyó Santos. Arrastran al progresismo y a un sector del centro.

• Las resistencia sobre el terreno la dan campesinos que dependen de la economía paralela generada por la coca. Es normal que en distintas regiones del país se den enfrentamientos entre comunidades campesinas y los erradicadores manuales de cultivos de coca o la fuerza pública.

En el radar. El Decreto ha entrado en un laberinto legal en el que, según el equilibrio de poder institucional, la fumigación tiene las de salir ganando.

• La aspersión aérea deberá ajustarse a los requisitos que impuso la Corte Constitucional (CC) en el año 2017, y precisa de conceptos del Instituto Nacional de Salud (INS) acerca de los efectos de la aspersión a la población, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y por último del Centro Nacional de Estupefacientes (CNE), entidad que se encarga de la fumigación. Finalmente, el punto cuarto del Acuerdo de Paz prohíbe el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato. Siete relatores de la ONU le han solicitado al presidente Duque que desista de su empeño.

• Según La Silla Vacía, Duque calcula que podría retomar la aspersión en junio, un par de meses después de la meta impuesta por el propio ministro de Defensa, Diego Molano. La Washington Office on Latin America, un think tank progresista, ha desglosado la hoja de ruta para el Decreto.

«Navegar a ciegas». Un reto que supera la carga ideológica del debate es la medición de las políticas públicas.

• «Las cifras del Gobierno han dado para todo. Mientras que en la audiencia en la Corte Constitucional, con información de un derecho de petición, se afirmó que la sustitución de cultivos de coca es menos costosa que la aspersión aérea (“entre 2003 y 2014 el costo promedio de la sustitución fue de $32m y el de la fumigación de $72m”), recientemente la información del Ministerio de Defensa señaló lo contrario: una hectárea sustituida valdría $3,2m y una fumigada $1,8m», comenta un analista.

La demanda sigue tirando. Si bien Colombia es el mayor productor mundial, el nuevo auge de la producción cocalera responde al crecimiento de la demanda de los grandes consumidores: EEUU y Europa.

Es noticia. «Los venezolanos deben inscribirse en [el Sistema Patria], una plataforma virtual creada por el Gobierno de Maduro, para el cobro del salario, las ayudas económicas y la recepción de la vacuna contra el covid-19», reporta El País.

• Un pensionista venezolano puede resignarse a recibir 1.8m de bolívares al mes del estado, o bien alistarse al Sistema Patria para recibir una bonificación adicional de 3m de bolívares, conocido como el «bono contra la guerra económica», con el que puede reunir un poco más de $2 al mes (según la tasa de cambio oficial).

En el retrovisor. Al régimen de Caracas nunca le ha temblado el pulso a la hora de usar la tecnología para enrocarse en el poder.

• A comienzos de 2004, en el albor del régimen, su momento de mayor debilidad, la oposición venezolana lideraba las encuestas. La oposición consiguió sumar las firmas necesarias para convocar un referéndum revocatorio, salvando los obstáculos del Consejo Nacional Electoral (CNE),  para desalojar a Hugo Chávez del poder,

• Chávez temió perder el plebiscito. De hecho, el gasto social de las famosas «Misiones» chavistas–clientelismo vintage–solo comenzó entonces. El comandante terminó por llevarse el referéndum de calle y en adelante–apalancado en el súper ciclo de los commodities–no dejó de gastar.

• El chavismo publicó la lista de firmantes del revocatorio en Internet; la notoria «Lista Tascón» en referencia al asambleísta que la publicó. Se generó a partir de una base de datos de firmas digitales  liberada a la Asamblea Nacional. La lista fue empleada para inducir a los ciudadanos a retirar sus firmas, o bien enfrentarse a la terminación del empleo, contratos públicos y beneficios sociales. Todo ello el mismo año que vio nacer a Facebook.

La lista se hace software. A partir de la lista se generó un software–«Maisanta»–que facilitaba la manipulación de sus datos. Se distribuyó en forma de CD (disco compacto) entre el funcionariado afín, que procedió a instalarlo en sus equipos, y a distinguir entre amigos y enemigos del chavismo en el trato con la administración.

• Según un estudio econométrico, los ciudadanos cuyos nombres aparecieron en el CD experimentaron, de media, una pérdida del 5% de sus ingresos y del 1.3% en su probabilidad de empleo.

Lo que revela la historia. Dicho sea de paso, «Maisanta», contracción de «Madre Santa», fue el apodo de Pedro Pérez Delgado (n. 1881), también conocido como «el último hombre a caballo». Pérez Delgado fue un caudillo de los llanos metido a guerrillero, hostigador del gobierno de Juan Vicente Gómez.

• Chávez–que más que lector de Marx fue seguidor de los militares nacionalistas Juan Velasco Alvarado del Perú y Omar Torrijos de Panamá–reivindico para si un parentesco lejano con Maisanta, de quien se autoconcebía como heredero espiritual, político y militar.

La ciudad de Flint, en la entraña del Rust Belt estadounidense, fue conocida por la Buick City del gigante automotriz. Durante la última década, Flint ha cautivado el imaginario popular como ejemplo del calamitoso estado de la infraestructura de aguas de EEUU. En 2014, salió a la luz que el agua potable de la ciudad estaba contaminada con plomo. A día de hoy, aún quedan flecos por limar.

• El plan de infraestructura del presidente Joe Biden reconoce–al menos sobre el papel–la emergencia latente del agua. Su «American Jobs Plan», de $2.3b, destina $631.000m a infraestructura, y asigna $110.000m específicamente a a toda la cadena del agua.

• La vicepresidenta Kamala Harris ha respaldado el plan de Biden «Sustentará la vida. Se trata de fortalecer nuestra nación alrededor de una preciada commodity>>. Hasta aquí, nada fuera del guion. Sin embargo, terminó añadiendo, «durante años y generaciones, las guerras han sido librado por el petróleo. En cuestión de poco tiempo se librarán por el agua».  

• El comentario de Harris probablemente no sea más que un lugar común. En un artículo de archivo, «¿Qué fue de las guerras del agua?», The Economist cuestiona la teoría del incremento de los conflictos bélicos derivados de la competencia por el recurso.

• Aún así, si sumamos el plan de Biden a los comentarios extemporáneos de Harris, está claro que la seguridad hídrica ocupa una parcela del pensamiento estratégico de Washington.

Por dicha o desdicha geográfica, las políticas hídricas de EEUU afectan a México, con quien comparte una frontera azotada por la sequía y cuencas binacionales con niveles altos de contaminación, ambos focos de tensión política interestatal e intraestatal.

Cómo funciona. En 1944, EEUU y México firmaron el Tratado Internacional de Aguas, regulando el repartimiento de agua de ríos binacionales.

• «Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales. Como contraparte, EEUU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora...El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años», explica la BBC. El Río Grande traza gran parte de la frontera hasta desembocar al este, en el golfo de México, añadiríamos.

• A finales de 2020, uno de los más secos que se recuerdan en el estado fronterizo de Chihuahua, la parte mexicana se quedó a las puertas de incumplir el tratado. Para cumplir con la cuota de agua con Washington, se desvió agua del agro chihuahuense. Respondieron tomando la presa de «La Boquilla»; se registro un muerto.

• AMLO prometió a la administración de Donald Trump que cumpliría su parte y desplegó a la Guardia Nacional para proteger la presa. Huelga decir que «El Norte» y Chihuahua en particular no son bastión de Morena, el partido oficialista.

El dato. El 84% del territorio mexicano sufre sequía en diferentes intensidades, agravada por la falta de lluvias de los últimos meses, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Se trata de un fenómeno recurrente: 2011 y 1996 registraron dos sequías extremas.

• «Lo mucho que llueve o deja de llover así como la duración de las sequías, depende de un complejo sistema atmosférico y la relación entre el fenómeno del Niño y la Niña. Cuando el agua que superficial del Pacífico oriental–la que envuelve las costas de México–se enfría no hay lluvias en el continente...Este fenómeno se conoce como Niña. Tendremos que esperar a que las masas de agua caliente de Indonesia se desplacen hasta llegar al otro lado del océano, calienten la superficie de las costas y con el agua evaporada se formen las lluvias y los huracanes...“en las próximas semanas la superficie del agua se calentará y empezará a llover”» explica un investigador de la UNAM.

Espejos regionales. Las cosechas del Cono Sur agroexportador enfrentan su propia sequía, exacerbando la inflación alimentaria global, cuya principal causa es el repunte de la demanda China.

• Pero además, los cauces están secos hasta el punto de que tramos del sistema fluvial del Paraná (longitud: 4.900km) se tornan innavegables para las balsas encargadas de fletar el producto hasta los puertos oceánicos.

• Las balsas de los megaproductores Brasil, Argentina y Paraguay están obligadas a cargar menos producto para poder navegar.

• Y es que el 80% del comercio exterior de Paraguay–tercer productor de soja de la región, y carente de salida directa al océano–pasa por ríos. No sorprende comprobar que cuenta con la tercera flota de barcazas fluviales, tras EEUU y China. Ante la emergencia, Asunción ha solicitado a Brasilia que libere agua de la colosal presa hidroeléctrica de Ítaipu.

Revista de prensa‌‌‌‌‌‌‌‌

     HEMISFERIO

• Infobae: El gobierno de EEUU prometió USD 310 millones en ayuda a Centroamérica para desalentar la migración | «En rueda de prensa, el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, dijo que Guatemala asumió el “compromiso” de fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en las fronteras para contener la migración irregular, además de delitos aduaneros, entre otros ilícitos»

• VOA: EEUU sanciona a dos altos funcionarios de Guatemala | «Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el auto-enriquecimiento en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región, indicó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, citada en un comunicado de esa entidad»

  NORTEAMÉRICA

• El País: [México] Las mil manos de Ricardo Monreal | El coordinador de Morena en el Senado, encargado de convertir en ley los designios de López Obrador, se mueve entre los éxitos de sus negociaciones y el desgaste de la defensa de una polémica agenda | «La disposición fue agregada en el último momento en un artículo transitorio de la reforma del reglamento del Poder Judicial que ya había sido votada por senadores de la oposición (del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano) y que no pudieron cambiar su voto tras conocer esa cláusula. Monreal defendió la medida al igual que López Obrador y rechazó las protestas. “El PRI y el PAN decidieron desde la época postrevolucionaria asaltar al Poder Judicial Federal. No nos vengan ahora con estas poses y actitudes que no les resultan correctas [...]. ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? 85 votos, ¿a los 85 los engañaron? No se llamen sorprendidos, no se llamen asaltados”, clamó el legislador»

  GRAN CARIBE

• El País: Monasterio, una cubana contra el Che Guevara que aspira a presidir Madrid | «La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid nació hace 47 años en el madrileño barrio de El Retiro, pero su padre era un rico hacendado cubano al que Fidel Castro expropió en 1971 el ingenio azucarero Manuelita, en Cienfuegos, que llegó a tener su propia vía férrea y cotizar en Nueva York. Tras pasar por Miami (EE UU), la familia Monasterio se exilió en España, tierra de sus antepasados, donde hizo fortuna con la franquicia del pollo frito americano Kentucky Fried Chicken»

  ANDES

• El País: La reforma tributaria reactiva las movilizaciones en Colombia en el pico de la pandemia | «En el peor momento de la pandemia en Colombia, se han reactivado las manifestaciones. Las movilizaciones están de regreso para rechazar la reforma tributaria que ha propuesto el Gobierno de Iván Duque con el propósito de cubrir el hueco fiscal que ha dejado la crisis sanitaria. El llamado paro nacional, que ya había sometido a una considerable presión al mandatario a finales de 2019, antes de la irrupción del coronavirus, se reactivó este miércoles con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios, a pesar de los llamados a aplazarlas o privilegiar otros métodos de protesta. La jornada acabó con un sonoro cacerolazo en las principales ciudades»

  Convergencias insospechadas: la estrategia macro de Duque y AMLO frente a la pandemia [Hilo relacionado]

  ‌‌‌‌‌‌‌ BRASIL

• El Financiero: Brasil le dice ‘no’ a la ‘Sputnik V’ | «La medida de los reguladores brasileños se produce en momentos en que la vacuna “Sputnik V” sigue bajo revisión en la Unión Europea. La vacuna ha sido aprobada para su uso en 61 países y es popular en América Latina, una de las regiones más devastadas por la pandemia. El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió las dos dosis de la vacuna rusa antes de contraer COVID-19 a principios de este mes, mientras que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, llamó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para discutir la elaboración de la vacuna en Brasil»

  ‌‌ CONO SUR

• FT: La escena tech uruguaya se aproxima a la masa crítica | «Más de 1.000 empresas de desarrollo de software operan en la nación de 3,4m de habitante, generando poco menos de $1000m en exportaciones–principalmente a EEUU—. Eso convierte a Uruguay en uno de los líderes mundiales de exportación de software per cápita»

Latam en datos. García ya es el sexto apellido más común en EEUU. Rodríguez, Martínez, López o González, se encuentran entre los diez más habituales en el país. Según el Instituto Cervantes, para 2060 se estima que el 27,5% de los estadounidenses tendrá origen hispano. Casi uno de cada tres ciudadanos. 111m de personas, se estima.

• Actualmente, el español es la segunda lengua más hablada en 43 de los 50 Estados del país y el 13,5% de los estadounidenses habla castellano en sus hogares. Texas (29,4%), Florida (21,8%), California (29%), Nuevo México (26,1%) o Nevada (21,8%) destacan sobre el resto.

Semana americana

• El martes 4 de mayo, el Secretario de Estado de EEUU Anthony Blinken comparecerá junto a los principales representantes comerciales de EEUU en la Washington Conference on the Americas del Council of the Americas.

• El 7 de mayo, Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris se reunirán virtualmente.

• Entre el sábado 15 y el domingo 16 de mayo, los chilenos están llamados a las urnas para elegir para elegir a los integrantes de la Convención encargada de redactar una nueva Constitución Política de la República. En paralelo, se elegirán regidores regionales y municipales.